A todos nos ha pasado al menos una vez en la vida. Vas a la farmacia con un dolor de cabeza monumental, una receta médica arrugada en la mano y la firme intención de comprar una caja de pastillas para seguir con tu día. Entregas la fórmula, la persona detrás del mostrador digita el código con parsimonia, suena el implacable bip del lector láser y, al mirar la pantalla, tu tensión arterial se dispara más rápido que cualquier síntoma: la cuenta da una cifra tan astronómica que dan ganas de preguntarle a la cajera si la caja de analgésicos viene con escrituras de un lote campestre o con acciones en la bolsa de Nueva York.

La respuesta habitual del dependiente suele ser un encogimiento de hombros y el clásico “es que subió todo”. Sin embargo, en Colombia hay una delgada línea entre el libre mercado y pasarse de listos. Cuando el negocio es la salud, el Estado no juega a la ruleta rusa.

En los últimos meses, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha sacado el talonario de comparendos de la manera más contundente posible: multas acumuladas que superan los 18.600 millones de pesos contra laboratorios, distribuidores mayoristas y reconocidas cadenas de farmacias. ¿El pecado capital? Vender medicamentos por encima de los precios máximos regulados.

¿Control de precios en medicamentos? (O cómo entenderlo sin enredarse en decretos)

Para no dormir a la audiencia con artículos y resoluciones interminables, la historia funciona así: en Colombia existe una entidad llamada la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (un nombre larguísimo para quienes deciden qué tan caro puede costar un tratamiento).

 

Esta entidad analiza qué medicinas son esenciales para salvar vidas, para tratar enfermedades crónicas (como la hipertensión o la diabetes) o para procedimientos de alto costo (como el cáncer). Tras comparar los valores en Colombia con mercados internacionales, la Comisión establece un precio techo, técnicamente conocido como Precio Máximo de Venta (PMV).

 

La regla del juego es básica y no requiere un doctorado en Harvard:

• Si el techo legal para una ampolleta o tableta es de $50.000, usted puede venderla en $49.000, en $40.000 o en $30.000 si quiere hacer una promoción de aniversario.
• Lo que no puede hacer bajo ninguna circunstancia es cobrar $50.001.
• Si cobra $50.001, o peor aún, si la vende a $80.000 confiando en que el comprador está tan angustiado por la salud de su familiar que no va a revisar el portal del Ministerio, usted acaba de comprar una boleta de primera fila para una investigación sancionatoria de la SIC.

Las excusas más comunes (y por qué la SIC no cree en lágrimas)

En los expedientes sancionatorios de la Superintendencia se leen argumentos que van desde la ingenuidad hasta la ciencia ficción. Cuando la entidad llega con pliego de cargos en mano, las empresas suelen defenderse con fórmulas conocidas:

1. “Es que el software de facturación redondeó hacia arriba”: Argumentar que el algoritmo de la caja registradora calculó mal los centavos o los decimales no conmueve a los inspectores. En derecho administrativo sancionador, el desconocimiento o los errores informáticos internos no constituyen fuerza mayor.
2. “Es que incluimos un cobro por la asesoría y el empaque especial”: Disfrazar el sobreprecio empaquetando el fármaco con otros productos o cobrando cargos administrativos inventados es una de las prácticas más vigiladas. Para el ente de control, eso es simplemente eludir la norma por la puerta trasera.
3. “Es que el dólar y la inflación nos obligaron a subir”: La metodología del régimen de control ya pondera los factores macroeconómicos. Ningún distribuidor puede ajustar techos por cuenta propia invocando la tasa de cambio del día.

La otra cara de la moneda: Cuando el castigo ignora el debido proceso

Ahora bien, no todo es blanco o negro. Si bien la protección al consumidor y al sistema de salud es una prioridad indiscutible, la potestad punitiva del Estado (el famoso Ius Puniendi) tiene límites constitucionales infranqueables.

 

Las sanciones de la SIC no pueden convertirse en una cacería de brujas automática. Para que una multa millonaria sea legítima, la administración debe respetar rigurosamente:

• El principio de tipicidad: Demostrar fehacientemente cuál transacción específica violó el canal de comercialización regulado (institucional versus comercial).
• La congruencia probatoria: No es admisible calcular sanciones sobre estimaciones globales o muestras estadísticas ambiguas. Cada peso de sobreprecio imputado debe estar soportado en una factura o trazabilidad real
• La proporcionalidad: La sanción debe corresponder a la gravedad de la conducta y a la capacidad económica real del investigado, no a la urgencia mediática de mostrar resultados. Si una resolución se emite ignorando las pruebas de descargo o valorándolas de manera superficial, el acto administrativo queda viciado por falsa motivación, abriendo la puerta a su nulidad ante los jueces de lo contencioso administrativo.

Guía práctica: ¿Qué deben hacer las empresas y qué puede hacer el ciudadano?

Para evitar que la medicina termine saliendo más cara que la enfermedad:

Para empresarios, droguerías y distribuidores:

 

• Auditoría preventiva de ERP y sistemas de facturación: El sistema de punto de venta debe contar con bloqueos infranqueables (hard stops) que impidan al cajero o vendedor facturar un centavo por encima del precio techo fijado por la circular vigente.
• Trazabilidad estricta del canal: Recuerde que un medicamento puede tener techos diferenciados si se vende a una EPS (canal institucional) o directamente al público en vitrina (canal comercial). Cruzar estos canales sin control documental es el camino más corto a una sanción.
• Manuales de cumplimiento regulatorio: Capacite a sus equipos de compras y ventas. En estas investigaciones, la responsabilidad no se diluye delegando la culpa en el proveedor mayorista.

Para los usuarios y pacientes:

 

• Revise antes de pagar: El Ministerio de Salud y la SIC disponen de herramientas públicas de consulta (como ClicSalud o el portal de consulta de precios de medicamentos). Si tiene una fórmula de un tratamiento de alto costo, verifique el tope oficial antes de sacar la tarjeta.
• Exija siempre la factura discriminada: Ante cualquier cobro extraño o recargo no identificado, conserve el soporte fiscal. Sin factura no hay evidencia para presentar la queja ante el ente regulador.

El costo de no prevenir

El mensaje que deja la Superintendencia de Industria y Comercio es contundente: el control de precios no es una sugerencia retórica ni una recomendación de buena voluntad; es una norma de orden público económico.

 

Para las compañías del sector salud y farmacéutico, una investigación de esta envergadura no solo destruye la reputación corporativa en cuestión de horas, sino que una multa de varios miles de millones de pesos puede comprometer seriamente la viabilidad financiera de la empresa. En el derecho administrativo moderno, el mejor pleito es el que se evita mediante una adecuada cultura de compliance y prevención de riesgos.

 

En Lex Óptima Abogados Consultores S.A.S. acompañamos al sector empresarial en el diseño de protocolos de cumplimiento normativo para blindar sus operaciones frente a visitas de inspección, y ejercemos una defensa técnica, rigurosa y estratégica ante pliegos de cargos e imposición de sanciones administrativas cuando el actuar estatal vulnera las garantías del debido proceso.

 

Cuidar la salud de los colombianos es una obligación ética y legal; cuidar la salud jurídica de su empresa es una decisión estratégica indispensable.